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Gobierno Nacional expidió decreto que busca mejorar los rellenos sanitarios en el país

La norma permite que Colombia esté a la vanguardia a nivel mundial en materia de tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

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Con el decreto se espera una repercusión económica positiva tanto para los usuarios del servicio público de aseo, los municipios y las empresas prestadoras. Foto: Archivo prensa (MVCT).


 


Bogotá D.C., miércoles 8 de noviembre de 2017 (MVCT) - El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez, dio a conocer el nuevo decreto 1784 de 2017, expedido por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el objetivo de reglamentar las condiciones bajo las cuales deberán desarrollarse las actividades de disposición final y el tratamiento de residuos sólidos en la prestación del servicio público de aseo.

“El objetivo de este decreto es promover y facilitar la planificación, construcción y operación de rellenos sanitarios en el país y los procesos para el tratamiento de residuos sólidos”, dijo el Ministro Sánchez.

“Esta norma no se actualizaba hace 12 años, lo cual constituye en gran avance para el país. Antes del decreto 838 de 2005 teníamos botaderos, luego pasamos a rellenos sanitarios y ahora con este nuevo decreto estamos buscando otros sistemas para mejorar la calidad ambiental de Colombia”, agregó el ministro.

Con esta norma se busca el fortalecimiento regional, es decir que cada territorio va a poder decidir dónde se ubica su relleno sanitario, teniendo en cuenta el uso del suelo y los instrumentos de Ordenamiento Territorial con los que cuente cada municipio. Esta medida descentralizará las decisiones que antes se tomaban en la capital del país.

Adicionalmente, se deberán realizar estudios de localización de áreas que determinarán dónde pueden ubicarse los rellenos sanitarios y en caso de ser necesario, esos lugares podrán ser declarados de utilidad pública, lo que permitirá hacer afectación del predio, negociación directa y expropiaciones en caso de requerirse, priorizando así el bienestar general al privado.

La reglamentación deja como primera opción para los municipios la implementación de rellenos sanitarios regionales, lo que significa que con un mismo relleno se atiendan varios municipios.

“La regionalización beneficiará a los usuarios porque incluye tarifas más bajas gracias a la economía de escala, también garantizará una mayor capacidad operativa y mejores controles”, aseguró Sánchez Ortega.

Otro de los beneficios del decreto es que se elevan los estándares de operación haciéndolos más eficientes con un nivel adecuado de conducción y tratamiento de lixiviados, de gases y aumentando los niveles de compactación. Todo lo anterior se traduce en el aumento de la vida útil de los rellenos y menores impactos ambientales.

Se promoverá el incremento de la inversión en infraestructura y maquinaria, para aumentar la capacidad de operación de los rellenos sanitarios, optimizar el manejo ambiental de los mismos, e incorporar los costos ambientales.

Además se reglamentan las condiciones bajo las cuales se deberá desarrollar la actividad complementaria de tratamiento, usando tecnologías como la generación energética, el compostaje o el tratamiento mecánico biológico de los residuos.

“Esta parte de la norma es esencial porque Colombia presenta un progreso primordial en el tratamiento de residuos sólidos, ya no solo tenemos los rellenos como única alternativa sino que se busca la generación de energía o de biogás, así como también la producción de compostaje o fertilizantes”, puntualizó el jefe de la cartera de Vivienda y Agua.

El cumplimiento del decreto aplica tanto para los nuevos rellenos sanitarios como para los ya existentes, que tendrán un periodo de transición de 36 meses.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, Colombia es primer país en Latinoamérica en disposición adecuada con un 93.18%.

Es importante resaltar que al aumentar los estándares de los rellenos sanitarios y al desarrollar tratamientos complementarios de los residuos sólidos, se espera una repercusión económica positiva tanto para los usuarios del servicio público de aseo, los municipios y las empresas prestadoras. De igual manera, la optimización de estos procesos repercute en un uso eficiente del suelo y una gestión más integral de los residuos.

 

 

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