LA COMUNIDAD Y EL CONTROL SOCIAL DEL SERVICIO

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

La Constitución Política obliga a dar participación a los usuarios en la gestión de las empresas estatales de servicios y la Ley 142 extendió esta participación a toda clase de empresas, sean oficiales o privadas, mediante la creación de los llamados "Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios".

En cada municipio debe existir (Artículos 62 y 63) uno de estos comités, mecanismos concretos de participación conformados por usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales, los cuales deberán elegir entre sus miembros, a un "Vocal de Control", el cual actuará como su representante ante los prestadores de los servicios, las entidades territoriales y las autoridades nacionales.

Se garantiza así la participación de los usuarios, no solamente en la gestión de los servicios y en la fiscalización de las empresas prestadoras, sino en la propuesta de planes y programas para resolver las deficiencias que se presenten, procurando a la vez, que la comunidad aporte, con el pago de la tarifa, los recursos necesarios para la expansión y mejoramiento de los servicios.

Las principales dificultades y retos de los Vocales de Control y los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios son entre otros:

la falta de reconocimiento y apoyo por parte de los gobiernos municipales;

la poca disposición de las empresas de servicios públicos para compartir la información;

la intervención y desinformada;

la falta de integración con los Planes de Desarrollo y los Planes de Ordenamiento Territorial;

la carencia de condiciones mínimas de dotación para el desempeño de sus funciones;

la poca representatividad que, en muchos casos, les reconocen las comunidades.

Los Vocales de los "Comités de Desarrollo" (Artículos 64 a 66) tienen entre sus funciones:

informar a los usuarios acerca de sus derechos y deberes en materia de servicios públicos domiciliarios ;

ayudar a los usuarios a defender sus derechos y a cumplir sus deberes;

recibir informes de los usuarios acerca del funcionamiento de las empresas;

evaluar los informes;

promover las medidas correctivas frente a las empresas y frente a las autoridades,.

La misma Ley ( Artículo 27 ) obliga a los Alcaldes a:

conformar una tercera parte de las juntas directivas de las Empresas de Servicios Públicos de su jurisdicción, con Vocales de Control de los Comités.

A fin de materializar y, a la vez, reglamentar la participación ciudadana, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1429 de 1995, mediante el cual define los mecanismos de constitución de los Comités, sus alcances, funciones y responsabilidades.

# DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

La Constitución Política como Carta Magna y de manera particular la Ley l42 DE 1994, han consagrado una serie de derechos para todos los usuarios de los servicios públicos domiciliarios.

Estos derechos implican a la vez unos deberes que deben cumplirse frente a las entidades prestadoras y a la sociedad.

Para ejercer los derechos y cumplir sus deberes, cada suscriptor necesita conocer los unos y los otros, mientras que las empresas deben promover la divulgación y facilitar el ejercicio de las garantías que las normas conceden al usuario, estimulando así, en justa reciprocidad, el cumplimiento de las obligaciones de éste.

En el siguiente cuadro se hace un resumen de los derechos y deberes mencionados, los cuales se explican con detalle en el folleto "NUESTROS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS", publicación gratuita de la Superintendencia de Servicios Públicos.

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## TODO USUARIO TIENE DERECHO A:

un servicio de aseo eficiente y continuo

participar en la gestión y control de las Empresas de Limpieza Pública

tarifas proporcionales al servicio recibido

una correcta estratificación y régimen de subsidios

presentar peticiones, quejas y reclamos respetuosos y que les sean atendidas

la información oportuna en relación con el aseo público

elegir el prestador del servicio

contratos equitativos de prestación del servicio

que se implementen soluciones acordes con sus condiciones socio-económicas

### TODO USUARIO DEBE:

pagar oportunamente el servicio recibido

participar en las decisiones relacionadas con el mismo

usar racionalmente el servicio puesto a su disposición

contribuir al cuidado y preservación de las unidades del sistema

tomar parte en la conformación de los Comités de Desarrollo

contribuir al éxito de las actividades de educación ambiental, promoción de hábitos higiénicos y campañas de limpieza pública.

buscar una adecuada relación con la empresa prestadora del servicio

##### VEEUDURIA DE GESTION LOCAL

Uno de los mecanismos de participación más importantes otorgados a la ciudadanía es el de la fiscalización y control de la gestión local. La Ley 136 de 1994 (art.167) estipula, por ejemplo, que la Contraloría y la Personería tienen la obligación de vincular a la ciudadanía en sus tareas de fiscalización de la labor de las entidades y organismos de la administración municipal.

La veeduría popular tiene como función vigilar la gestión local y garantizar que la acción del Estado esté orientada a alcalzar el bienestar colectivo. Las organizaciones civiles pueden conformar Comités o Juntas de veeduría para fiscalizar y vigilar la prestación de los servicios públicos y la gestión y sus resultados (art.100, Ley 134/93). De todas formas, cualquier ciudadano puede ejercer su derecho a la fiscalización y todas las entidades y particulares están sujetos al control y vigilancia ciudadana.

## FUNCIONES DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS

Vigilar los procesos de planeación para que, conforme a la Constitución y a la Ley , se dé participación a la comunidad y la decisión sea consultada

Vigilar que en la asignación de los presupuestos se prevean prioritariamente la solución a necesidades básicas insatisfechas, según criterios de equidad y eficiencia.

Vigilar que el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios legales vigentes dando prioridad a la contratación con las organizaciones sociales y comunitarias.

Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e inversiones en el correspondiente nivel territorial

Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos y sus organizaciones en relación con las obras o programas que son objeto de veeduría

Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, autoridades oficiales contratante, y además autoridades concernidas, los informes verbales o escritos que permitan conocer el cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos

Comunicar a la ciudadanía a través de informes verbales y /o escritos presentados en asambleas generales o reuniones similares de los habitantes y de las organizaciones civiles de la comunidad los avances en los procesos de control o vigilancia que se estén desarrollando.

Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios distritales que tengan conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución.

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