En Colombia el desarrollo rural es el resultado de decisiones que privilegiaron la expansión urbana y la modernización agroindustrial y que relegaron la ruralidad campesina a los márgenes de un modelo de desarrollo precario en conectividad y en servicios públicos, con dispersión de competencias institucionales y lejos del acceso a los derechos básicos. Reconocer y aceptar esto desde un ministerio que había centrado su actuar en la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en las grandes ciudades nos ha llevado a trabajar en la ruralidad con la certeza de que en el campo la casa es parte de un entramado más amplio que articula la vida cotidiana, el cuidado familiar, el almacenamiento de cosechas, la crianza de animales, la relación con el agua y las relaciones comunitarias. La brecha sigue siendo inadmisible: en lo urbano, el 17 % de hogares, mientras en lo rural es del 61 % o 2,44 millones de hogares, según el Dane, para 2024.
La política de vivienda rural es el corazón mismo de una forma de vida más amplia y compleja que, sin duda, impacta la paz territorial y que debe contar con un enfoque sistémico, que reconozca la diversidad territorial, las trayectorias comunitarias y los obstáculos que impone una institucionalidad fragmentada. La ruralidad –con su riqueza social, ambiental y cultural– no puede seguir siendo un apéndice de las políticas urbanas; por el contrario, requiere una mirada sensible, transformadora, innovadora y humana.
Para nuestro gobierno, hablar de vivienda rural significa contar con instrumentos normativos, fortalecer la institucionalidad, ampliar la perspectiva de los servidores que implementan la política, evidenciar su valor estratégico y entender las dinámicas de los actores que a diario construyen las soluciones de vivienda rural con sus propias manos.
Revertir el relacionamiento histórico entre el Estado y los territorios rurales, que oscila entre su ausencia, la verticalidad y la escasez de recursos, implica asumir un papel distinto, pensar, escuchar y sentir diferente: un Estado que vaya más allá de ser ejecutor de soluciones y pase a generar procesos, mediar saberes y reconocer el derecho a habitar dignamente. No se trata de negar las tensiones que pueden surgir en la reconfiguración de un sistema, se trata de facilitar una transición necesaria y urgente hacia una política de vivienda más plural, equitativa y situada.
Este ministerio, en nuestro gobierno, no puede seguir limitándose a distribuir subsidios bajo lógicas urbanas centralizadas, por ello trabajamos de manera decidida en fortalecer la autogestión comunitaria como camino legítimo y eficaz.
Entre 2023 y 2025 se ha invertido más de 1 billón de pesos, en 28 departamentos, para 11.762 viviendas nuevas rurales de las cuales ya se han entregado más de 4.200. Hoy el Ministerio trabaja de la mano de las comunidades campesinas y étnicas, reconociendo que son protagonistas en la construcción de su hábitat.
Para la ruralidad, la vivienda es una expresión de lo común, de lo simbólico y de lo productivo, construir vivienda es relacionarse con la tierra, el agua, con la memoria, con los otros. La autogestión es un proceso colectivo que implica asumir a las personas como agentes con capacidad de decisión, diseño y negociación. La autogestión no es ni fórmula ni panacea para resolver un problema estructural, es un camino que se desmarca de lo “solucionista” para acercarse, con humildad, al territorio.