Frente a la caída en las ventas de vivienda reseñadas en dicha intervención, y las dificultades de acceso al crédito, es clave partir de un hecho objetivo: durante los últimos dos años la economía ha operado con una tasa de interés real promedio de 4,4%, un nivel que no se observaba desde la crisis del UPAC. Este contexto ha impactado directamente las condiciones de financiación. Desde el Ministerio hemos señalado que un incremento de 100 puntos básicos puede aumentar en cerca de un 6% la cuota mensual de los hogares, elevar en un 9,1% el costo total del crédito y excluir a más de 181.000 hogares de bajos ingresos del acceso a vivienda.
En este entorno, y considerando las restricciones fiscales, el acceso a vivienda de interés social requiere, además de los subsidios que se deben focalizar en los hogares más vulnerables, una adecuada articulación de múltiples actores como las entidades territoriales, el sector financiero, constructores y organizaciones comunitarias, en donde el crédito debe ser uno de los principales instrumentos de política.
De esta forma, ha sido un propósito de los pactos con el sector financiero y solidario llegar con crédito formal a los hogares más vulnerables, combinando diferentes instrumentos como líneas de redescuento, garantías y esquemas con tasas de interés bajas. En este esfuerzo se destaca el papel de la banca pública, particularmente del Fondo Nacional del Ahorro, que hoy ofrece financiación de hasta el 90% y 100% del valor de la vivienda de interés social, esquemas con tasas como UVR + 0% y nuevas líneas de crédito para mejoramiento de vivienda sin garantía hipotecaria.
En relación con los desistimientos —que alcanzaron el 76% en el segundo semestre de 2023—, es importante comprender sus causas. Durante años, parte de la oferta de Vivienda de Interés Social (VIS) se estructuró con precios indexados al salario mínimo, lo que generó incrementos automáticos que no siempre respondían a los costos reales de construcción. Esto llevó a que muchos hogares, al momento del cierre financiero, enfrentaran condiciones distintas a las inicialmente previstas, afectando su capacidad de compra.
Por otra parte, la política pública ha evolucionado de manera estructural. Nuestro Hábitat Biodiverso reconoce que el déficit habitacional en Colombia es principalmente cualitativo —cerca del 75%—, lo que implica que la prioridad no es solo construir nuevas viviendas, sino mejorar las condiciones de millones de hogares existentes, especialmente en zonas rurales y territorios históricamente excluidos.
En esa línea, se ha ampliado el portafolio de soluciones: mejoramiento de vivienda, titulación, autogestión, adquisición de vivienda usada y fortalecimiento del acceso al crédito. Con corte a marzo de 2026, se han implementado 878.000 soluciones habitacionales y se ha cumplido el 120% de la meta de subsidios de adquisición de vivienda.
Este enfoque no sustituye al mercado: lo complementa y lo ordena, reconociendo la diversidad del país y la necesidad de cerrar brechas. Es un cambio de paradigma que busca equilibrar el acceso, la sostenibilidad financiera y la dignidad en las condiciones de habitabilidad.
Finalmente, en los primeros tres años del Gobierno del presidente Gustavo Petro, el déficit habitacional se redujo en 4,8 puntos porcentuales, pasando de 30,4% a 25,6%. Más allá de la cifra, lo relevante es que se ha consolidado una política que articula vivienda, agua y saneamiento con el ordenamiento territorial, entendiendo el hábitat como un sistema integral.
Esta no es una discusión entre sectores, sino una oportunidad para alinear esfuerzos. El objetivo es claro: que más familias colombianas accedan a soluciones de vivienda digna, en condiciones justas, sostenibles y acordes con la realidad del país