- La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio indicó que de acuerdo con un balance preliminar hay 4.345 viviendas destruidas y 11.832 afectadas.
- Además, señaló que hay un estimado de 103 municipios afectados por daños en sus sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.
- El financiamiento de esta atención está sujeto a que el Gobierno nacional pueda contar con recursos adicionales contemplados en la Emergencia Económica.
Durante el Consejo de Ministros realizado en Montería para planificar la atención de la emergencia causada por los desastres que han producido las inundaciones en los departamentos de Córdoba, Sucre, Chocó, Antioquia, Bolívar, Magdalena y La Guajira, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila, presentó un balance preliminar de afectaciones en viviendas, acueductos y alcantarillados y la oferta de alternativas para mitigar la situación.
De acuerdo con las cifras iniciales, hay 4.345 viviendas destruidas, de las cuales 4.298 están en Córdoba, 26 en La Guajira, 15 en Magdalena y 4 en Chocó. También hay 11.832 viviendas afectadas (6.177 en La Guajira, 4.023 en Córdoba, 813 en Sucre, 417 en Antioquia, 350 en Bolívar y 32 en Magdalena).
Además, los sistemas de acueducto y alcantarillado también han sufrido por las inundaciones. Son más de 103 municipios afectados, de acuerdo con información recopilada por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico con reportes presentados por los Planes Departamentales de Agua (PDA), las empresas prestadoras de servicios públicos y los gestores territoriales. Entre tanto, 71 municipios reportan afectaciones en los sistemas de acueducto; 40, en los de alcantarillado; y 35, en los de aseo.
En consecuencia, se estima un aproximado de 3,3 millones de personas afectadas por la interrupción, colmatación y/o daño de los sistemas de acueducto y alcantarillado.
La intervención integral de la emergencia desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio demandaría, de manera preliminar, inversiones por $5,79 billones, de los cuales $4,42 billones estarían destinados a las intervenciones en los sistemas de acueducto y alcantarillado, y $1,37 billones a las viviendas nuevas, los mejoramientos locativos y las conexiones de servicios públicos.
Al respecto, la ministra Helga María Rivas Ardila precisó que para llevar a cabo la atención planteada se requieren recursos adicionales, por lo que se necesita la declaratoria de la Emergencia Económica.
“La magnitud de las afectaciones exige medidas excepcionales y un ejercicio colectivo de solidaridad. En este escenario, la aprobación del Decreto de Emergencia Económica resulta fundamental para generar viabilidad en los procesos de reasentamiento, reubicación y gestión de suelo, que se desarrollan de manera coordinada con entidades competentes, y así seguir avanzando desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una respuesta integral que proteja la vida, el hábitat y la dignidad de las familias afectadas”, recalcó la ministra.
En ese sentido, planteó la importancia de trabajar en articulación con las organizaciones comunitarias y las entidades territoriales para atender el reto del desarrollo progresivo y el reasentamiento de la población. “Este resultado será posible si logramos efectivamente trabajar con la organización social y si logramos acompañar desde el inicio con nuestros equipos técnicos no en una etapa posterior sino desde ahora poder ir planificando e ir actuando, de la mano con las gobernaciones y las alcaldías”, puntualizó.
