- El Decreto 0381 de 2026 tiene régimen de transición de seis meses, que brinda a las entidades el tiempo necesario para ajustar sus procedimientos internos y adoptar progresivamente los nuevos estándares.
El Gobierno del Presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0381 del 7 de abril de 2026, una norma que desarrolla nuevas reglas para mejorar la coordinación entre entidades nacionales, regionales, municipios y distritos en la expedición de las determinantes de ordenamiento territorial, así como para facilitar el acceso y uso de la información técnica, jurídica y geoespacial asociada a estas decisiones.
“Este decreto representa un avance en la forma como el Estado colombiano organiza y armoniza las decisiones sobre el territorio, al reconocer la importancia de trabajar de manera articulada entre los distintos niveles de gobierno, respetando la autonomía territorial y, al mismo tiempo, protegiendo los asuntos de interés general de la Nación, como el ambiente, el agua y la gestión del riesgo”, destacó la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila.
Una de las principales ventajas de esta reglamentación es que define parámetros claros de coordinación institucional antes de adoptar o modificar determinantes, lo que permite identificar oportunamente posibles interacciones con planes, proyectos o normas existentes. Este enfoque contribuye a prevenir conflictos, mejorar la calidad de las decisiones públicas y generar mayor certeza para autoridades territoriales, comunidades y actores del desarrollo.
El decreto también fortalece la transparencia y el acceso a la información, al establecer un procedimiento estandarizado para la gestión documental de las determinantes. Las entidades deberán identificar, organizar y disponer información técnica, jurídica y geoespacial en formatos accesibles, interoperables y reutilizables, lo que facilita su incorporación en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y otros instrumentos de planificación.
“Con la expedición del Decreto 0381 de 2026, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fija reglas operativas para el ordenamiento territorial alrededor del agua, la protección ambiental y el acceso a información pública de calidad”, afirma la Ministra.
Asimismo, la norma promueve un lenguaje común del territorio, al articular la información de las determinantes con el Sistema de Administración del Territorio (SAT) y la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). Esto permitirá contar con mapas, delimitaciones y zonificaciones más claras y comparables en todo el país, fortaleciendo la toma de decisiones basadas en información confiable y pública.
Finalmente, la reglamentación destaca el papel activo que deben asumir las entidades responsables en la pedagogía territorial, al establecer que les corresponde adelantar de manera sistemática acciones de divulgación, formación y acompañamiento. Estas acciones buscan asegurar que las comunidades, las autoridades territoriales y los demás actores involucrados comprendan el alcance de las determinantes, cuenten con herramientas para aplicarlas adecuadamente y participen informada y responsablemente en su implementación y seguimiento.
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