En audiencia pública ante la Corte Constitucional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio destacó la importancia de construir la política pública y la regulación del servicio de aseo con la participación efectiva de las organizaciones recicladoras.
En el marco de la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reiteró su compromiso con la garantía de los derechos de los recicladores de oficio, y con la construcción de una política pública y una regulación del servicio de aseo que reconozcan su papel fundamental en el aprovechamiento de residuos y en la consolidación de una economía circular inclusiva.
Durante el encuentro, la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Saldarriaga, en representación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, escuchó las preocupaciones de las Organizaciones Recicladoras de Oficio frente al nuevo marco tarifario del servicio público de aseo y, en particular, sobre sus posibles efectos en la remuneración de la actividad de aprovechamiento, el acceso a los materiales aprovechables y la permanencia de esta población en el oficio.
En este contexto, y ante la solicitud de revisión integral suscrita por 239 organizaciones, Minvivienda insistió en la necesidad de evaluar si el nuevo marco tarifario puede generar retrocesos en la garantía de sus derechos. Esta revisión debe permitir identificar y corregir posibles afectaciones, así como preservar y fortalecer los avances alcanzados con el reconocimiento tarifario de la actividad de aprovechamiento.
“El Gobierno reconoce la importancia de construir la política pública y la regulación del servicio de aseo de la mano de los recicladores de oficio. Su experiencia y sus propuestas deben incidir en las decisiones que afectan su trabajo y sus condiciones de vida”, fue el mensaje reiterado por la viceministra Mónica Saldarriaga.
Minvivienda también destacó que las acciones afirmativas deben materializarse en beneficios efectivos para quienes viven del reciclaje. El reconocimiento de su aporte ambiental, social y económico debe traducirse en mejores condiciones de vida y de trabajo, así como en garantías para el ejercicio de su labor.
En el caso de Bogotá, el Ministerio señaló la importancia de que los estudios relacionados con el nuevo esquema de aseo contemplen cómo se mantendrán las medidas de protección a la población recicladora ante eventuales modificaciones del marco tarifario.
El fortalecimiento de la economía circular requiere el compromiso articulado de las entidades públicas, las autoridades territoriales, la industria y las Organizaciones Recicladoras de Oficio. Su participación no puede limitarse a espacios de diálogo: debe tener incidencia real en las decisiones regulatorias y en la construcción de soluciones que reconozcan y protejan su trabajo.
Con este compromiso, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reitera su apuesta por una política de aprovechamiento que reconozca a los recicladores de oficio como actores fundamentales de la gestión integral de residuos sólidos y garantice que los avances en materia de inclusión y protección de sus derechos se mantengan y se fortalezcan.
